A menos de dos semanas del histórico paro general, la CGT se ve inmersa en un conflicto económico con el Gobierno.
La cartera de Seguridad exige $40.500.000 a la central obrera por los operativos del último reclamo, desencadenando una respuesta firme en defensa de los derechos sindicales.
En el comunicado titulado "El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado," la CGT denuncia la provocación del Poder Ejecutivo, percibiendo la intimación como un intento de silenciar las manifestaciones y protestas de los trabajadores.
La central obrera subraya la preocupación ante una supuesta reforma laboral regresiva, la más drástica en la historia democrática del país.
En medio de la decena de gremios que repudian las intimaciones, la CGT critica la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical y el derecho de protesta.
Refutando ser representantes de una casta, destacan su compromiso con los trabajadores.
La multa forma parte del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, generando un nuevo capítulo en la lucha por la libertad sindical.