En un dramático episodio en el Congreso, Juliana Di Tullio afirmó que los despachos se obtenían mediante pagos, evidenciando un oscuro pacto que involucra a diversos bloques, incluyendo al oficialismo libertario, la UCR y el PRO.
La acusación señala que cargos y despachos estaban a la venta durante las negociaciones para alcanzar el quórum en la polémica sesión de la Cámara de Senadores.
Por lo que la maniobra para habilitar la sesión desató la indignación de la legisladora de Unión por la Patria, quien reveló que les estaban solicitando dinero para asegurar la participación en la reunión parlamentaria.
La denuncia de Di Tullio destapa un presunto intento de arrebatar el control del Senado al kirchnerismo, revelando acuerdos secretos que comprometen la integridad del proceso legislativo.
La falta de respuesta y el silencio de otros bloques ante estas acusaciones generan un clima de incertidumbre en el panorama político.
La convocatoria liderada por Villarruel, aparentemente destinada a elegir nuevas autoridades, se ve empañada por la sombra de la corrupción, ya que, según las revelaciones, se gestó con acuerdos turbios entre bloques.
El número de legisladores presentes, 39 sobre 72, subraya la magnitud del escándalo y plantea interrogantes sobre la legitimidad de la sesión.