Diego Reyes, político macrista y flamante intendente electo de Puán, ha encendido la mecha de un escándalo político al hacer públicas serias acusaciones contra el saliente Facundo Castelli, del radicalismo.
Según Reyes, Facundo Castelli se retiró de su cargo dejando un rastro de malversación de fondos, llevándose consigo recursos destinados a los sueldos municipales.
El relato de Reyes describe un déficit de $1200 millones en las cuentas del Banco Provincia, revelando un giro en descubierto firmado en octubre para cubrir los sueldos de noviembre.
Lo más alarmante es la transferencia de fondos por decreto a una cuenta del partido Frente Vecinal, afín a Castelli, una maniobra que el contador y el tesorero se negaron a respaldar.
El intendente electo acusa a Castelli de autorizar un crédito de $83 millones por decreto, supuestamente en concepto de devolución de aportes. Reyes asegura que llevará todas las pruebas ante la Justicia para determinar si estas acciones constituyen un delito.
El destino de los empleados municipales está en juego, ya que el descubierto no se canceló y la situación financiera amenaza con colapsar.
La atención se centra en el uso del programa ATP, donde se transfirieron $120 millones para aliviar el descubierto, pero la maniobra dejó a la ciudad en una situación crítica.
Este escándalo financiero pone de relieve la urgencia de una investigación judicial para esclarecer las irregularidades denunciadas por Reyes y determinar las responsabilidades de aquellos involucrados en estas supuestas malversaciones.